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EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS Y GENERACION DE CONFLICTOS EN COLOMBIAEXPLORATION AND EXPLOITATION OF HYDROCARBONS AND THE GENERATION OF CONFLICTS IN COLOMBIA |
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10.14718/CulturaLatinoam.2023.38.2.9
Adriana Collazos Ortiz 1
Alejandro Paz Parra 2
1 Abogada en Colombia y NYS
0000-0003-3935-0510
collazosadriana77@gmail.com
2 Universidad Santiago de Cali
0000-0002-3541-0451
alejandro.paz00@usc.edu.co
Este artículo se basó en un estudio que realizaron los autores durante el 2019, en el que la autora se desempeñó como abogada por contrato de prestación de servicios para la ETH, Estrategia Territorial para la Gestión Sostenible y Equitativa del Sector Hidrocarburos, iniciativa del Gobierno Nacional para la construcción de la paz en los territorios.
Fecha de recepción: 1 de septiembre de 2023;
Fecha de aceptación: 30 de diciembre de 2023.
Referencia: Collazos, A. y Paz, A. (2023). Explotación de hidrocarburos y generación de conflictos en Colombia. Cultura Latinoamericana, 38(2), 202-217. DOI: http://dx.doi.org/10.14718/CulturaLatinoam.2023.38.2.9
Resumen
Este artículo analiza la exploración y la explotación de hidrocarburos en determinadas zonas de Colombia que son habitadas por comunidades ancestrales indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, rom, y otras protegidas por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, con la finalidad de examinar la situación colombiana en el marco de la exploración y la explotación de hidrocarburos, y sus conflictos étnicos, para así contribuir a la discusión de hidrocarburos y etnicidades. Asimismo, los investigadores buscan profundizar en el conocimiento de los conflictos surgidos en el contexto de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, a escala nacional e internacional, y comprender la naturaleza de los costos derivados para el Estado, las comunidades afectadas y las empresas. Los resultados se demuestran con el caso colombiano y a partir de dos casos de estudio de otros países, de manera que se revisan algunas variables de desarrollo regional y se concluye que la explotación no se traduce en beneficios reales para los individuos de las comunidades; por el contrario, estos ven desmejoradas las condiciones de vida y el hábitat del territorio.
Palabras clave: Hidrocarburos; Colombia; conflictos ambientales; exploration; explotación.
Abstract
This article analyzes the exploration and exploitation of hydrocarbons in certain areas of Colombia inhabited by indigenous and afro-descendant ancestral communities, raizales, palenqueros or rom, as well as other communities protected by law. The above, in order to analyze the Colombian situation in the framework of the exploration and exploitation of hydrocarbons and the ethnic conflicts that surround it, as a contribution to the discussion on hydrocarbons and ethnicities. In this order, the authors seek a better understanding of conflicts generated in the context of hydrocarbon exploration and exploitation at different levels, national and international, as well as understanding the nature of consequential costs of these dynamics for the State, communities, and companies in particular. The results are demonstrated with regard to the Colombian case and two additional case studies of other countries, so that some variables of regional development are analyzed. The study concludes that exploitation does not translate into real benefits for the individuals of the communities and that, on the contrary, their living conditions and their habitat are deteriorated.
Keywords: Hydrocarbons; Colombia; environmental conflicts; exploration; exploitation.
Introducción
Colombia es una nación de diversos seres humanos y de un sinfín de razas; también un territorio multiétnico y multicultural, y por ser un país con tres cordilleras y dos océanos, tiene gran variedad de climas e innumerables recursos agropecuarios, ganaderos y naturales. Estas condiciones, en un contexto internacional, casi siempre se pueden considerar como una situación ventajosa, pero en el caso colombiano, la historia reciente ha demostrado que puede ser también una fuente para la generación de conflictos y violencia.
En particular, cuando se trata de la exploración y la explotación de hidrocarburos en determinadas zonas de la geografía nacional habitadas por comunidades ancestrales indígenas y afrodescendientes, por raizales, palenqueros o rom, y por demás comunidades protegidas por el ordenamiento jurídico, siempre se presentan conflictos que terminan en consultas previas y negociaciones fuertes con el Estado.
Con la finalidad de analizar la situación colombiana en el marco de la exploración y la explotación de hidrocarburos, así como sus conflictos étnicos, se estudiaron países similares a Colombia, con población étnica diversa y producción de hidrocarburos y explotación minera, y que contaran con casos de estudio que se pudieran tomar como base de comparación.
En el presente artículo se busca profundizar el conocimiento de los conflictos generados en el contexto de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, a escala nacional e internacional, al igual que comprender la naturaleza de los costos derivados para el Estado, las comunidades afectadas y las empresas en particular.
Respecto a los recursos naturales en general, y los no renovables en particular, como los hidrocarburos, se debe admitir que son de gran valor para todos los países del mundo, debido a que gracias a los hidrocarburos puros o procesados se consiguen cosas tan importantes para la sociedad actual y su vida diaria como el petróleo, el carbón, el gas, y sus derivados, tales como el plástico, las ceras o los aceites. Además, aunque por lo general los países industrializados no son propietarios de hidrocarburos per se, sí son compradores o explotadores de petróleo y gas para constituir sus reservas y garantizar la seguridad energética de su población (Collazos et al., 2019).
Es demostrable la correlación entre la obtención de los recursos naturales no renovables, el desarrollo económico de un Estado y su seguridad nacional y energética (Nieves y Hernández, 2016).
En línea con lo anterior, y dada la importancia de la producción de hidrocarburos para las diversas economías mundiales, conviene señalar que los países industrializados no solo compran, sino que las grandes empresas de explotación llegan a los países productores de hidrocarburos —que por lo general son países en vía de desarrollo y con diversidad étnica— en busca de recursos para satisfacer la demanda creciente. Lo anterior resulta ser un choque con las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como con todas las demás comunidades protegidas en Colombia, que perciben estas explotaciones como un nuevo modelo de colonización (Quintana, 2017) y sufren todos los efectos de alteración del aire, el agua, la fauna y la vida misma.
Comparación de casos de conflictos nacionales y de otros países, asociados a la exploración y explotación de hidrocarburos
Generadores de conflictos en materia de hidrocarburos en la sociedad colombiana
Los conflictos étnicos que suceden en Colombia en el marco de discusión sobre la exploración y explotación de hidrocarburos tienen como fundamento las diferentes realidades del ámbito político, ambiental y social de las comunidades. En la mayoría de los casos, estos conflictos generan perspectivas negativas para la inversión extranjera directa y forman parte de la cotidianidad del país.
El análisis sobre el origen de las fuentes de conflictos, y la forma en que se resuelven, es crucial al momento de definir la política social referente a los proyectos de exploración y explotación petrolera y de gas que se pretenden establecer en Colombia (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2011; Nieves y Hernández, 2016).
En primer lugar, se deben tomar en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población, que pueden estar conectadas con la caracterización de un grupo social o étnico, por sus tipologías específicas. De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional del Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE) del año 20211, las regiones hidrocarburíferas en las que se hace explotación intensiva para la obtención de petróleo, gas, y carbón tienen un alto índice de pobreza multidimensional (IPM), tal y como se muestra en la Tabla 1. En el caso del departamento del Casanare, que tiene grandes reservas de petróleo y gas natural, la incidencia ajustada del IPM parece ser significativamente alta de acuerdo con los resultados del DANE (2021). Esta realidad termina siendo una incidencia particularmente llamativa, porque a pesar de ser departamentos que reciben gran cantidad de dinero de regalías, no existe el tema del bienestar social esperado para la población2.
Tabla 1. Departamentos con las mayores reservas de hidrocarburos en proceso de explotación en orden decreciente frente a índice de pobreza multidimensional de acuerdo con datos del DANE 2021
Fuente: DANE (2021).
Al comparar las cifras del IPM que reporta el DANE en el aspecto hidrocarburífero en las regiones explotadas y exploradas, y también la Encuesta de Calidad de Vida del 2021, se puede concluir que, a pesar de los pagos realizados por regalías, la economía local sigue siendo deficiente, y es un deber de los gobiernos garantizar las condiciones mínimas para proveer los mecanismos y acceder a la energía y a la electricidad, que son algunos indicadores de pobreza en Colombia y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Un segundo aspecto por considerar es el arraigo de los pueblos indígenas frente a sus territorios ancestrales y lugares sagrados, los cuales coinciden geográficamente con muchos lugares de exploración y explotación de hidrocarburos, pues los conceptos de historicidad ancestral que las empresas no comprenden son un punto clave para las negociaciones.
En tercer lugar, se debe examinar la falta de educación y capacitación de la comunidad en general, así como la falta de entendimiento de las comunidades involucradas por parte de las empresas. Lo anterior debe hacerse posible mediante momentos de acercamiento y capacitación, lógicamente patrocinados por la empresa, para entender conceptos claros, tales como el bien común, la sociedad, la colectividad y la otredad, como materia ineludible.
Es una necesidad concientizar a la población y a las empresas respecto al concepto de la otredad, que consiste en comprender la existencia del otro, para que, aunque no se perciba como igual, sino como alguien diferente, con un universo distinto al propio, se respete y se reconozca como individuo en todo momento y se pueda vivir en diversidad. Es reconocer que los demás son protagonistas de una unicidad e irrepetibilidad en el universo (Ramírez et al., 2016). Lo anterior cobra relevancia al reconocer que los actores de los conflictos, en particular referentes a hidrocarburos, pierden la consciencia de los otros cuando estos realizan protestas, establecen bloqueos, causan daños a la infraestructura, entre otras problemáticas3; y las empresas llegan al territorio extranjero sin el conocimiento de las comunidades afectadas ni sus necesidades, al momento de explorar y explotar los hidrocarburos.
Además, tomando en cuenta la escasez de las reservas de petróleo y gas en Colombia, y la fuerte dependencia de los ingresos corrientes de la nación con respecto a las exportaciones de hidrocarburos, se presenta un panorama que requiere atención urgente, pues, por una parte, están los intereses de las comunidades y, por otra, la necesidad de los recursos para generar desarrollo y crecimiento económico (Collazos et al., 2019).
Recientemente, se están buscando alternativas para mantener la exploración y explotación de hidrocarburos, usando para ello varios mecanismos como la exploración y explotación de aguas marinas (off shore), o el uso de técnicas no convencionales como la fractura hidráulica o fracking. Este tipo de explotaciones producen un gran temor en las comunidades debido a sus consecuencias ambientales y sismológicas —aún bajo estudio— y, además, como ya se mostró, porque históricamente las comunidades no han percibido los beneficios económicos o de desarrollo que este tipo de explotaciones puedan traer a sus territorios, lo cual constituye un elemento generador de nuevos conflictos (Collazos et al., 2019).
Los hidrocarburos que provienen de yacimientos no convencionales, y que requieren de mecanismos como la fractura hidráulica, presentan un nuevo panorama para la industria extractiva, con el fin de incrementar las bajas reservas nacionales de hidrocarburos. La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol, 2022) mencionó que, desde una perspectiva conservadora, la extracción de petróleo de yacimientos no convencionales podría darle al país diez años más de autosuficiencia petrolífera. Ecopetrol estimó que yacimientos no convencionales del Magdalena Medio podrían traer hasta 5000 millones de barriles de crudo, y 20 tirapiés cúbicos de gas, tres veces las reservas probadas de crudo y cinco las del gas. Con esas proyecciones se estaría llevando la autosuficiencia a un horizonte superior al año 2030 o 2040.
Esta opción, aunque parece muy atractiva desde el punto de vista financiero y lógico —más crudo significa más dinero para Colombia—, debe balancearse con un adecuado análisis que considere el posible impacto ambiental en materia hídrica y sísmica para el país, pero adicionalmente el beneficio real para las comunidades y para Colombia.
Existen dos situaciones adicionales que constituyen externalidades negativas para la producción de hidrocarburos: la falta de seguridad ocasionada por la presencia de grupos armados, que aún existen y han existido desde hace ya varias décadas, y la consulta previa y la consulta popular, que fueron elevadas a derechos fundamentales y participativos para las comunidades étnicas y las demás comunidades que existen en Colombia (Sánchez, 2017). Lo anterior puede ser un largo, costoso y tedioso camino de negociación para el Estado y las empresas.
Finalmente, el tener cara a cara los retos para el sector de hidrocarburos es crítico para poder dar otros pasos hacia la cooperación internacional y la adopción de normas internacionales en materia de inversiones energéticas, resolución de conflictos y eficiencia energética. Lo anterior, puesto que son puntos importantes cuando se trata de crear confianza inversionista internacional (Nieves y Hernández, 2016).
Realidad internacional: casos de estudio
Los países en vía de desarrollo, ricos en recursos naturales, tienen problemas de corrupción o de gestión de sus administraciones y exhiben altos niveles de desigualdad. Entre las similitudes con el caso colombiano, muchos de ellos son latinoamericanos y presentan, además de su locación, realidades y razones de conflicto similares. Esos países, que terminan siendo donde se encuentran los recursos naturales por explorar o explotar, se han enfrentado a conflictos sociales de difícil solución, así como a soluciones institucionales cuyos efectos a largo plazo resultan negativas (Gutiérrez Sanín, 2016).
El primer caso analizado corresponde al Perú, donde se presentó una situación de conflicto relacionada con la exploración y explotación de hidrocarburos durante la ampliación de los pozos de explotación Camisea y Amarakeri. Ambos pozos estaban localizados en el Amazonas peruano y en sus inmediaciones se encontraban tribus en situación de aislamiento.
Como bien se mencionó, la historia de las reservas comunales en el Perú y de los pueblos indígenas y su relación con los conflictos socioambientales se forja en el desarrollo internacional sobre la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural. El discurso utilizado para las comunidades fue el crecimiento económico justo, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible, unido al uso de reservas comunales por indígenas, para resguardar sus territorios ancestrales (Gutiérrez Sanín, 2016).
La creación de la Reserva Comunal Amarakaeri atravesó un proceso complejo y lleno de conflictos en materia de protección de la fauna, la flora y un ambiente adecuado para el desarrollo de las comunidades nativas propias del sector. En este caso concreto, los conflictos en materia hidrocarburífera con las tribus, incluyendo aquellas en situación de aislamiento, se resolvieron con un buen informe de impacto ambiental (Gamboa Balbín, 2013).
El segundo caso ocurrió en México, en el municipio de Papantla, estado de Veracruz, en zona aledaña al golfo de México y que es un centro de explotación abundante en recursos de petróleo y gas natural. En la zona de Papantla se asientan comunidades indígenas ancestrales con poblaciones que en su mayoría no sobrepasan los 5000 habitantes y se oponen a la transformación de la selva nativa de la región, ocasionada por megaproyectos de diferente naturaleza (hidroeléctricas, infraestructura vial, explotación petrolera por métodos convencionales y no convencionales, etc.) (Chenaut, 2018).
En el caso considerado se gestó un gran movimiento social y se presentó la criminalización y judicialización de los conflictos sociales, hubo uso de la fuerza pública y la violencia general contra los defensores de los territorios y el medio ambiente (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2013). Se evidenció también el uso de las vías de derecho para detener la explotación de hidrocarburos y en defensa de los derechos ancestrales de la comunidad al territorio, que podían verse vulnerados por la ampliación de la explotación petrolera (Chenaut, 2018).
Comparación entre los tres países
Los dos países analizados comparten situaciones similares a Colombia en términos de pobreza monetaria, pobreza multidimensional e indicadores de desigualdad, como se aprecia en la Tabla 2. Los indicadores comparados para pobreza y desigualdad son:
i. GINI4: Coeficiente de GINI sobre distribución del ingreso per cápita entre la población (Center of Distributive, Labor and Social Studies [Cedlas], 2020).
ii. PPM: Porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza monetaria (menos de 3,65US$/día) (The World Bank, 2021).
iii. P90/P10: Relación del ingreso promedio del 10% de la población más rica sobre el 10% de la población más pobre (Cedlas, 2020).
iv. IIC (índice de ingreso compartido): Porcentaje del PIB absorbido por el 10% de la población más rica (Cedlas, 2020).
v. PPMD: Porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza multidimensional5 (United Nations Development Programme [UNDP] & Oxford Poverty and Human Development Initiative [OPHI], 2022).
Tabla 2. Indicadores de pobreza y desigualdad en los tres países comparados
Fuente: Plataforma del Banco Mundial sobre Pobreza y Desigualdad (2020).
Como se aprecia en la Tabla 2, y en los diversos documentos utilizados por los investigadores, enumerados como indicadores de pobreza y desigualdad comparados, la población más vulnerable en cada país es claramente discriminada en términos de la distribución del ingreso y del acceso a condiciones dignas de vida, de acuerdo con la salud, la educación y la calidad de vida (UNDP & OPHI, 2022).
El 10% más rico de la población accede a porcentajes superiores al 30% de los ingresos de la actividad económica, representados en el PIB. La diferencia en el ingreso entre las poblaciones vulnerables y la población más rica es aproximadamente de 19 veces en Perú y México, y de 40 veces en Colombia. P90/P10: Relación del ingreso promedio del 10% de la población más rica sobre el 10% de la población más pobre (Cedlas, 2020).
Es importante tener en cuenta que los conflictos analizados se produjeron inicialmente hace ya varios años, y que las condiciones sociales al periodo 2020-2022, de acuerdo con los documentos estudiados previamente, siguen presentando indicativos bajos. Lo anterior ha generado la percepción de que los ingresos del petróleo, en las regiones establecidas, no se ven reflejados en una mejor calidad de vida para la población, y crean las condiciones perfectas para que se produzcan conflictos sociales relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos.
Cuando se analizan los indicadores de pobreza desde una perspectiva regional, se encuentra que las regiones de exploración y explotación de hidrocarburos presentan también altos índices de marginalidad, pobreza monetaria y pobreza multidimensional.
En el caso de Papantla, en México, un informe del año 2018 reporta que en la zona del municipio se encuentran ubicados 3200 pozos de explotación de petróleo; sin embargo, las cifras de pobreza son relevantes: allí aproximadamente el 53% de la población económicamente activa percibe menos de dos salarios mínimos mensuales, y aunque la tasa de desempleo es igual a la del promedio nacional, el 49,1% de la población trabaja en el sector terciario o de servicios y solo el 30,1% lo hace en el sector productivo. La población en condición de pobreza representa el 66,6% y su índice de desarrollo humano es muy inferior a la media nacional. Demográficamente el municipio se considera indígena (76,37%), y debido a las actividades del sector petrolero y en ausencia de áreas protegidas, presenta altos niveles de contaminación de acuíferos y destrucción de manglares (ONU Hábitat & Infonavit, 2018).
En el caso analizado en el Perú, la reserva Comunal Amarakaeri es una reserva natural ubicada en el sur-este del país, con la mayoría de su territorio en el municipio de Manu, región de Madre de Dios. Es una región de población indígena perteneciente a la familia lingüística Arahuaca y que forma parte de la gran región del Amazonas peruano. La población de esta región presenta tasas de analfabetismo altas (24,4%) (Ministerio de Salud del Perú, 2013). En el departamento de Madre de Dios, donde se ubica la reserva, se viven también condiciones de pobreza multidimensional y monetaria, y el 34,8% tiene por lo menos una necesidad insatisfecha de acuerdo con el Censo del 20176.
Se puede observar, entonces, que existe la misma combinación de pobreza, desigualdad y explotación de recursos energéticos, y que las comunidades siguen evidenciando indicativos bajos de pobreza y calidad de vida, aun después de que han llegado a la comunidad las empresas petrolíferas. Lo anterior se traduce necesariamente en una fuente de conflictos étnicos en los diversos países contra las empresas.
Costos de los conflictos para el país, las comunidades y las empresas
Los costos asociados a los conflictos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos son esencialmente de tres tipos: i) costos económicos, ii) costos ambientales y iii) costos sociales.
En cuanto a los costos económicos, se puede decir que la insatisfacción de las comunidades que están en las zonas de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos se ve reflejada en bloqueos de vías, afectación de la infraestructura y ruptura del tejido social y productivo. Esto se traduce tanto para el Gobierno como para las empresas en incrementos en los costos de exploración y explotación, que no son necesariamente previsibles al momento de la evaluación de los proyectos.
En el 2017, los ataques terroristas contra oleoductos y voladuras de torres de energía trajeron como resultado que poblaciones enteras y comunidades étnicas tuvieran falta de continuidad en la prestación de los servicios públicos, y se vieran rodeados de ríos contaminados por el petróleo, con daños ambientales irreversibles.
De acuerdo con la fundación Ideas para la Paz, dichos ataques terroristas sucedieron, casi siempre, en zonas de reserva ambiental protegidas por su fauna y flora. A los ataques sucedidos se suman las pérdidas multimillonarias que sufren las empresas extractoras y los costos del Estado para prevenir y contener los conflictos que se perfilan (Núñez y Parra, 2016).
Dichos conflictos, además, generan costos adicionales para garantizar la seguridad del personal de las empresas, coberturas de seguros que aumentan dependiendo de las zonas en las que se desarrolla el proyecto, y la necesidad de contratar personal calificado para el manejo de las relaciones con las comunidades y de conflictos étnicos específicamente. Aunque esos son costos previsibles, existen otros que no lo son, como la reparación a la infraestructura, los gastos de relaciones públicas, el tiempo que el personal debe estar pendiente de la resolución de un conflicto, los gastos ambientales inesperados y los beneficios que se le otorguen a la comunidad en la coyuntura del conflicto, o inversión social (Davis y Franks, 2014).
Para el Estado, representado en las autoridades locales, además se configuran otros costos conexos como la necesidad de contratar personal calificado para prevenir y resolver conflictos, y los costos judiciales y los derivados del uso de la fuerza pública cuando se presentan actuaciones ilegales por parte de la comunidad. Estos costos usualmente no se ven reflejados en los presupuestos que los alcaldes tienen para la Administración Municipal.
Sostienen Núñez y Parra (2016) que "los municipios pierden como consecuencia de los conflictos, en la medida en que se haga más riesgosa y menos rentable la operación para las empresas petroleras, se cierren o se retrasen proyectos de exploración o producción y se obtengan menos ingresos por regalías" (p. 8).
Conforme a lo anterior, es un deber fundamental del Gobierno realizar o contratar un estudio similar al que llevó a cabo el PNUD sobre costos de conflictividad en el sector, para mejorar las alternativas de solución actuales y poder prever, comprender y suplir las adversidades que atraviesa la comunidad, al mismo tiempo en que se benefician con un proyecto de hidrocarburos en su zona. Las imprevisibilidades que surgen de los costos asociados a los conflictos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos, y que se traducen en externalidades para las empresas, los países y los mismos grupos étnicos, pueden reducirse a dos: i) la afectación del tejido social, cuya recuperación puede ser onerosa, y ii) la pérdida de interés en la inversión directa, que termina generando un retraso en el desarrollo de las comunidades y del país.
Discusión
Los hidrocarburos representan para Colombia una parte muy significativa de su balanza exportadora y, en consecuencia, un sector importante de las rentas que el Estado recauda para cumplir sus funciones sustantivas (Collazos et al., 2019). Los gobiernos centrales de los diversos países productores buscan maximizar la inversión extranjera y mejorar el crecimiento interno del país, y por ello promueven el desarrollo del sector hidrocarburífero (Gutiérrez Sanín, 2016); sin embargo, en el caso de los países analizados —países en vía de desarrollo con necesidades insatisfechas y población pobre de acuerdo con los indicadores—, las comunidades no reciben los beneficios económicos de la exploración y explotación de hidrocarburos, pero sí sufren las consecuencias ambientales.
Algunos de las causas de la conflictividad social con las comunidades étnicas de las zonas de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia, que han sido mencionadas en diversidad de artículos, son la siguientes:
i. El inconformismo respecto a las realidades que viven en su cotidianidad por sus necesidades insatisfechas.
ii. El posible impacto del sector en el entorno socioeconómico.
iii. El posible impacto ambiental.
iv. La falta de un mediador imparcial en los conflictos.
v. Algunas veces, la falta de consulta previa.
vi. Las expectativas creadas por la comunidad con la llegada de un proyecto de esta índole.
vii. El cambio repentino en el costo de vida.
viii. Los problemas de seguridad.
ix. Los cambios de uso del suelo.
x. La oferta laboral que se genera por estos proyectos, entre otros.
Otra de las causas comunes de los conflictos hidrocarburíferos son las diferencias culturales con las poblaciones indígenas y el manejo del concepto de la tierra. De acuerdo con la Directiva 189 de 2009, existen en Colombia alrededor de 87 pueblos indígenas alrededor de todo el territorio, y de conformidad con el censo realizado en el 2005 por el DANE, esta población es más densa en La Guajira, Cauca y Nariño7.
Asimismo, cuando existen grupos al margen de la ley, algunos con intereses en la zona donde se realizan los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, las cosas se pueden tornar más complejas, porque hay actores violentos, en conflictos que se suponen son de la comunidad, las empresas y el Estado.
La corrupción, el robo y el tráfico ilegal de los hidrocarburos — tal y como se ve en la zona fronteriza de Ipiales y Ecuador o Cúcuta y Venezuela—, la destrucción de la infraestructura y la extorsión al personal de las empresas son otros de los problemas que afrontan la industria y el Estado por cuenta de dichos proyectos8.
Recomendación y conclusión
Las recomendaciones y conclusiones del presente artículo se enumeran a continuación y tienen su fundamento en el problema de la generación de conflictos étnicos con las empresas y el Gobierno nacional:
• Se deben contabilizar los sujetos y las poblaciones que estarán en el área de influencia del proyecto de exploración o explotación hidrocarburífera, para poder categorizar la población y entender sus necesidades específicas, con la finalidad de que la inversión social de las empresas se vea reflejada en proyectos claves para la población.
• Además, como parte del proceso de negociación con las comunidades, se debe incluir una veeduría ciudadana que vigile la distribución del ingreso por regalías y los beneficios tangibles en términos de educación, salud, apoyo a procesos productivos y metas de reducción de la pobreza que garanticen que las comunidades van a recibir de forma efectiva beneficios económicos de los proyectos de exploración y explotación.
• Lo anterior puede ser motivo de consulta previa y se debe prever que las comunidades étnicas pueden poner problemas con la veeduría, pero debe ser requisito para la repartición de regalías.
• Entre las capacitaciones, deben realizar una de socialización y aprendizaje de la cultura, para que la población afectada por los proyectos hidrocarburíferos, que no se considera indígena, aprenda el concepto de territorios ancestrales y lugares sagrados. Lo anterior, con el fin de entender cuál es el verdadero significado de Madre Tierra para los indígenas.
• El Estado y las empresas deben invertir en la organización de capacitaciones para las comunidades sobre la otredad, su filosofía, el respeto del bien común y de la sociedad, con la finalidad de que puedan entender que, a pesar de ser disímiles al otro, es posible percibirlo y convivir armónicamente con él, aprender a respetarlo y entender la diversidad.
• Se considera relevante que el Estado colombiano lleve a cabo un estudio de costos relacionados con los conflictos respecto al mismo Estado, las empresas y, sobre todo, las comunidades étnicas afectadas con este tipo de proyectos.
Notas
1 Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE). Informe sobre pobreza Multidimensional por regiones 2021.
2 Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE). Encuesta de Calidad de Vida -ECV 2019-2021.
3 Un ejemplo claro de esto es la minga indígena, que como práctica ancestral debería ser el camino erguido mediante de la palabra y el reconocimiento del otro y su verdad, pero se convierte en un cúmulo de intereses políticos, armados y egocentristas que despojan de sus derechos a los pobladores pacíficos, distintos a los indígenas.
4 El coeficiente de GINI o índice GINI mide la relación entre una distribución equitativa del ingreso y la distribución real del ingreso entre las diferentes franjas de la población; cuanto mayor sea la desigualdad de la distribución, el coeficiente tiene menor valor; cuanto más equitativo, tiene un valor mayor.
5 La Organización de Naciones Unidas (ONU) mide anualmente el índice de pobreza multidimensional con base en un conjunto de privaciones que tiene la población de diferentes países del mundo. Los aspectos considerados son: acceso a la salud, acceso a la educación y calidad de vida. De este análisis se genera un informe anual, que se encuentra citado en las referencias del presente artículo.
6 Gobierno del Perú, Instituto Nacional de Estadística Informática: Madre de Dios, Compendio Estadístico 2021.
7 Aunque en el 2018 se realizó un Censo Nacional de Población y Vivienda, que fue de tipo incluyente, pues contó con consultas previas para obtener el censo de las diversas etnias, a julio del 2019 se había realizado una tercera entrega del censo, quedo como resultado el número total de personas censadas, pero no la identificación de las etnias y la población censadas.
8 Indica la Defensoría del Pueblo (2017) en este sentido: "El cobro (ilegal) sobre la actividad extractivista no se limita sólo a aquella realizada por empresas multinacionales o grandes operadores; por el contrario, la minería ilegal e informal es una actividad económica objeto de cobros por parte de los actores armados"
Referencias
Cámara Colombiana de Servicios y Bienes del Petroleo, Gas y Energía (Campetrol). Balance Petrolero Campetrol 2022. https://campetrol.org/balance-petrolero/
Castro, J., Baca, J. y Ocampo, J. (2012). (Re)counting the Poor in Peru: A Multidimensional Approach. Latin American Journal ofEconomics, 49(1), 37-65.
Center of Distributive, Labor and Social Studies (Cedlas). (2020). Socio-Economic Database for Latin America and The Caribbean. Cedlas. https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/
Chenaut, V. (2018). Impactos sociales y ambientales de la explotación de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz (México). e-cadernos Ces. 28. http://journals.openedition.org/eces/2433
Collazos Ortiz, A., Esquivel García, C. L. y Paz Parra, A. (2019). De los hidrocarburos a las energías renovables en Colombia. Cultura Latinoamericana, 29(1), 139-162.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (2011). Conflictividad en el sector minero-energético en Colombia. Cordaid.
Davis, R. y Franks, D. (2014). Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector. Harvard Kennedy School.
Defensoría del Pueblo de Colombia (2017). Informe: amenazas y extorsiones: desafío territorial.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2021). Pobreza multidimensional (resultados 2021). DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional
Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE). Colombia 2021. Resultados de la Encuesta de calidad de vida ECV 2019-2021. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/calidad-de-vida-ecv
Gamboa, A. (2013). Pueblos indígenas y conflictos socioambientales: los casos de Camisea, Amarakaeri y Curaray. DAR.
Gobierno del Perú, Instituto Nacional de Estadística Informática. (2021). Madre de Dios: Compendio Estadístico 2021. https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/4004839-compendio-estadistico-madre-de-dios-2021
Gutiérrez, F. (2016). Conflictos y contextos regionales en la industria de hidrocarburos en Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). https://publicaciones.defensoria.gov.co/desarrollo1/ABCD/bases/marc/documentos/textos/Las_amenazas_y_las_extorsiones_-_Desafio_a_la_paz_territorial.pdf
Nieves, M. y Augusto, H. (2016). Colombia Energy Investment Report. Energy Charter Secretariat.
Núñez, J. y Parra, J. (2016). Costos de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos en Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
ONU Hábitat. (2018). Índice básico de las ciudades prósperas: Papantla, Veracruz, México. ONU Hábitat.
Quintana, R. (2017). El manejo del mundo naturaleza y sociedad: visión del conflicto ambiental desde la concepción y el manejo del medio natural de una comunidad indigena colombiana. Revista Luna Azul, 45, 353-376.
Ramírez, F., Diez, M., Coullery, Y. y Cuello, S. (2016). Antropología y otredad: la raza como categoría de dominación. Anuario de Investigaciones, 23, 227-232.
República del Perú, Ministerio de Salud. (2013). Comunidades indígenas: caracterización de su población, situación de salud y factores determinantes de la salud 2012. Ministerio de Salud.
Sánchez, A. (2017). La consulta popular como mecanismo de protección del medio ambiente y de los derechos ambientales: Estudio de caso Cajamarca (Tolima) [Tesis de Maestría, Universidad de Caldas]. https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17547
The World Bank. (2021). Poverty and Inequality Platform. PIP. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). 2022 Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Unpacking Deprivation Bundles to Reduce Multidimensional Poverty. UNDP