JOAQUÍN VÍCTOR GONZÁLEZ, 1883-1899 JESUITAS, EDUCACIÓN Y LEVANTAMIENTOS ARMADOS

JOAQUÍN VÍCTOR GONZÁLEZ, 1883-1899 JESUITS, EDUCATION, AND ARMED UPRISINGS

HISTORIA Y POLÍTICA


Alejandro Herrero

Universidad del Salvador-Universidad Nacional de Lanús-Conicet
0000-0003-4726-5236
herrero_alejandro@yahoo.com.ar


Fecha de recepción: 15 de octubre de 2024
Fecha de aceptación: 30 de enero de 2025.


Referencia: Herrero, A. (2024). Joaquín Víctor González, 1883-1899. Jesuítas, educación y levantamientos armados. Cultura Latinoamericana, 40(2), 20-40. http://dx.doi.org/10.14718/CulturaLatinoam.2024.40.2.1


Resumen

Joaquín Víctor González formó parte de la dirigencia política de Argentina desde la década de 1880 hasta su muerte en 1923, y ocupó distintos espacios de poder y de gobierno a lo largo de su vida, en su provincia y en el Gobierno nacional. Estudiar a González implica entonces explorar a un protagonista de la historia argentina y un hombre que piensa, argumenta e interviene desde espacios de gestión. Existen pocos y, al mismo tiempo, excelentes investigaciones sobre sus obras y trayectoria; sin embargo, casi nada sabemos sobre su preocupación por los jesuitas. En este escrito analizo por qué González ubica a los jesuitas como un problema para la dirigencia política argentina que gobierna y qué respuesta propone.

Palabras clave: González; jesuitas; levantamientos armados; educación; Argentina

Abstract

Joaquín Víctor González was part of Argentina's political leadership from the 1880s until his death in 1923, holding various positions of power and government throughout his life, both in his province and in the national government. Studying González involves exploring a key figure in Argentine history and a man who reflected, argued, and acted from positions of authority. Although there are few but excellent studies on his works and career, little is known about his concern for the Jesuits. This paper analyzes why Gonzalez perceived the Jesuits as a challenge for Argentina's political leadership and what solutions he proposed.

Keywords: González; Jesuits; armed uprisings; education; Argentina.

Introducción

Existen escasos, y al mismo tiempo, excelentes investigaciones que se focalizan en González. Examinan, en particular, las ideas sociales (Levene, 1935), trazan un itinerario político y cultural en sus diferentes etapas a lo largo de toda su trayectoria (Roldán, 1993); indagan la cuestión nacional (Solari, 1996) o se detienen en el estudio de un libro en especial, La tradición nacional (Pulfer, 2015). Sin duda, el trabajo de Roldán, resultado de su tesis de maestría, representa la investigación de mayor aliento, y nos permite entender mejor las diferentes intervenciones de González en las sucesivas décadas de su curso vital. A modo de continuidad y aporte, quiero hacer ver un aspecto poco atendido: la preocupación de González por los jesuitas.

Basta recorrer la trayectoria política gonzaleana para registrar que siempre ocupa puestos de gestión en espacio provinciales o nacionales, en espacios de educación en los niveles primario, secundario y universitario, en los espacios culturales y literarios en particular. González habla siempre desde puestos de gobierno en la unidad de tiempo seleccionada para este estudio: 1883-1899; y señala que el gran problema para los gobiernos constituidos son los levantamientos armados, las sediciones que se producen una y otra vez, y minan toda autoridad constituida en la República. Los jesuitas, a sus ojos, representan un peligro porque generan y fomentan estas "falsas revoluciones", y lo hacen desde las sedes escolares que fundan y dirigen (González, 2010a, pp. 232-245). El subtítulo da cuenta por una parte del problema que denuncia González: jesuitas, levantamientos armados, educación; y por otro, señala el objetivo de este trabajo: indagar cómo argumenta y qué respuesta propone este dirigente político una vez que indica este peligro. La periodización en un primer momento se recortaba en la década de 1880, sin embargo, la propia investigación me obligó a continuar un decenio más porque el contexto político, económico y de la Iglesia católica se modifica y muta la posición del riojano.

González

El título y el objetivo de este artículo me obligan a explicar a González, y porque los jesuitas son un tema de su agenda.

En la historiografía argentina se reconoce a Joaquín Víctor González (nace en La Rioja, el 6 de marzo de 1863 y muere en Buenos Aires, el 21 de diciembre de 1923) como un dirigente político relevante de la etapa que algunos denominan "orden conservador", o "república oligárquica", 1880-1916, y del primer gobierno de la Unión Cívica Radical (1916-1930). Fue diputado nacional y senador por La Rioja, gobernador, uno de los redactores de la constitución de su provincia, vocal del Consejo Nacional de Educación, ministro de varias carteras en el ámbito nacional, presidente de la Universidad Nacional de La Plata por tres períodos consecutivos (Roldán, 1993, pp. 7-24). González habla y escribe como dirigente político desde espacios de gestión y espacios donde se definen políticas de gobierno; como escritor nacional, así se autopercibía, y lo califican otros escritores de la élite; como decente y escritor académico, y los lugares de enunciación se pueden multiplicar aún más, pero resulta suficiente, a mi entender, para visualizar desde qué posiciones de poder (en los gobiernos o en la sociedad civil) enuncia su palabra González en la etapa 1883-1899, que he recortado para este escrito (Pulfer, 2015; Roldán, 1993). Pertenece a una familia tradicional de La Rioja y con amplia sociabilidad política y social, hecho que permite entender por qué cuando se leen (o se escuchan) sus primeras disertaciones (1882 y 1883) en cenáculos cordobeses o su tesis doctoral (1885) habla desde la posición de un dirigente político, que piensa los problemas desde el lugar de la gestión y sus posibles soluciones; o fue elegido diputado nacional y asume en el Congreso de la nación sin tener la edad que exige la ley (Torres, 2020). Para decirlo de una vez: defender las autoridades constituidas en gobierno significa para González preservar su propio lugar y la de su grupo de poder que en la década del ochenta serán los dos poderosos presidentes nacionales, Julio Argentino Roca, 1880-1886, y Juárez Celman, 1886-1890 (Herrero, 2017; Levene, 1935, Roldán, 1993).

En la unidad de tiempo que he seleccionado, 1883-1889, González expone como principal problema de los gobiernos existentes los levantamientos armados, hechos que se producen durante todo el siglo XIX desde la revolución de la Independencia, los cuáles son calificados como revoluciones por sus protagonistas, y que, a los ojos del rioja-no, se trata de sediciones que minan toda autoridad constituida de gobierno (Herrero, 2017). El tema que lo inquieta es claramente un problema de los gobiernos vigentes y, como se aprecia en su interpretación, resolver la cuestión de los levantamientos armados en el campo político resulta fundamental porque de ello depende la propia existencia de las autoridades constituidas, vale decir, su propio lugar. Esto se aprecia cuando aún no tiene funciones de gobierno, y obviamente se acentúa una vez que accede a cargos legislativos o de gestión ejecutiva (Herrero, 2017; Roldán, 1993).

En sus diferentes intervenciones en la década de 1880 argumenta sobre la distinción entre revolución, acontecimiento que trae nuevos principios de la civilización y de las sociedades modernas, de la sedición, meros levantamientos armados con el fin de ocupar el gobierno (González, 2010a, pp. 205-209; González, 2010b, pp. 3-38 y 104-128). A sus ojos, solo en mayo de 1810 y en febrero de 1852, en Caseros, se producen las dos únicas Revoluciones que rompen con el orden colonial, se fundamentan en principios modernos y civilizados, y dictan la primera carta constitucional en 1853, reformada en 1860 (González, 2010a, pp. 204-210). Los gobiernos constituidos que defiende González se fundamentan, sostiene el riojano, con estas dos revoluciones y la Constitución nacional (González, 2010a). Pero en el mismo proceso de estudio de este problema advierte otro peor: registra que una vez producidos los alzamientos armados que, a sus ojos, de ninguna manera pueden calificarse de revolución, no se los puede juzgar en el momento, sino que se los juzga con el paso del tiempo, los juzgan la historia y las naciones del mundo civilizado. Una vez llegado a este punto, la pregunta que angustia más a González sale a la luz: si se debe esperar un prolongado lapso para escuchar la sentencia de la historia y de las naciones: ¿cómo defenderse, desde posiciones de gobierno, de las sediciones o falsas revoluciones? (González, 2010b, pp. 188-201).

González plantea que la única solución reside en formar al pueblo con los principios y valores de la Constitución nacional (originada con las dos revoluciones: Mayo, en 1810 y Caseros en 1852), para que sepan distinguir una revolución de una sedición una vez que se está produciendo (González, 2010a, pp. 203-209).

A sus ojos, varias vías pueden dar la respuesta educativa: las sociedades de trabajo (se enseña a trabajar y la moral y los valores del mundo laboral), la vida municipal (se aprende y se practican derechos y obligaciones de la ciudadanía), y las escuelas y los colegios que forman a niñas, niños, adolescentes y adultos para la vida republicana, el amor a la patria y la lucha por la vida (González, 2010c, pp. 66-89 y 90-112).

En estos tramos de sus discursos, cuando argumenta sobre la educación como respuesta a los levantamientos armados, invoca a los jesuitas y los sienta en el banquillo de los acusados (González, 2010a, pp. 205-224, González, 2010c, 66-89).

González y los jesuítas en la década de 1880

Primero apunta a lo fundamental: para González los jesuitas son eficaces educadores, y el gran problema y peligro reside que educan con principios y valores que obedecen a la Iglesia católica y no a la nación, los forman para defender al Vaticano y no a los gobiernos argentinos (González, 2010b, pp. 232-245). Critica sus valores, sus intereses, a sus ojos, siempre propios de la orden jesuita, siempre soldados del partido jesuita, en desmedro de los gobiernos, de los Estados; y en algún momento de sus argumentos va más lejos aún: sostiene que solo defienden al partido jesuita en oposición del mismo Vaticano. Los ubica en el lugar de egoísmo absoluto: solo defienden sus propios intereses y ni la Iglesia católica puede confiar en ellos (González, 2010b, pp. 237-244).

González invoca pasiones negativas que conducen a los alzamientos armados, y ubica a los jesuitas como los difusores de pasiones que envenenan al pueblo1 y promotores de sediciones (González, 2010a, p. 212; González, 2010b, pp. 234-235; González, 2010c).

Se impone una primera conclusión: los jesuitas, en los argumentos de González, son una amenaza nacional y de las autoridades constituidas porque educan para minar todo gobierno (sea argentino, de otra nación y hasta del Vaticano); al mismo tiempo que los ubica en el lugar de la amenaza, los elogia, porque educan de manera eficaz; y precisamente por esto son enemigos para temer.

Al parecer está todo dicho, sin embargo, sus enunciados giran de modo inesperado.

Segundo: una vez que ha dejado en claro que los jesuitas son un peligro y una amenaza nacional y de los gobiernos argentinos, elogia sus crónicas, elogia a los cronistas jesuitas, porque a sus ojos, sin la escritura de sus historias no se podría saber qué sucedió en las etapas denominadas oscuras del pasado y la tradición nacional2.

Si para distinguir una revolución de una sedición se necesita de un pueblo educado para saber la diferencia entre lo patriotas de Mayo y de Caseros, de los protagonistas negativos de permanentes levantamientos armados que se sucedieron durante el siglo XIX y no cesan de acontecer; se necesita para educar al pueblo, según González, de una tradición nacional que ubique y distinga a los patriotas de un lado, y a los sediciosos y antinacionales del otro. Para ello se requiere, en concreto, de la narración de esa tradición; y González se postula para escribirla y de hecho escribe y edita La tradición nacional (1888), apropiándose de las crónicas jesuitas (González, 1957, pp. 34-145).

Este esquema interpretativo que plantea el peligro de los jesuitas que educan para derrocar los gobiernos argentinos y, al mismo tiempo, que han producido crónicas necesarias para escribir la tradición nacional, se registra en sus disertaciones de 1882 y 1883, en su tesis de 1885; y efectivamente, se observa que usa los cronistas jesuitas en la escritura de su libro La tradición nacional.

Se impone una segunda conclusión: los jesuitas ubicados en el lugar del peligro nacional, calificados de enemigos de los gobiernos pasan a ocupar, en sus argumentos, el lugar de los que contribuyen a la nación; para González son una amenaza y necesarios a la vez.

Estos dos esquemas interpretativos organizan los argumentos gonzaleanos que describen a los jesuitas en la década de 1880. Sin embargo, en unas escasas líneas, por demás de secundarias a su estrategia de escritura, esboza un nuevo giro.

Se registra un tercer esquema interpretativo: González alude al pasado lejano (siglos anteriores al XIX) y puntualmente a gobiernos que, a pesar de que visualizan a los jesuitas como un peligro, aceptan sus escuelas porque no se pueden hacer cargo de la educación. ¿Acuerda González con esta postura de gobernantes de otras etapas históricas? Sí: califica de acertada la medida de estos gobiernos. Parte de la premisa que donde no existe Ilustración, donde no existe educación, el pueblo no es un pueblo porque no se respeta la ley, a las autoridades constituidas en gobierno, ni se adquiere la moral del trabajo, e impera el caos, la anarquía, la guerra, los levantamientos armados; las llamadas revoluciones que son sediciones. Este es un tópico característico de la Ilustración, y se lo registra fácilmente en los patriotas de Mayo (por ejemplo, en los artículos de Belgrano en El Comercio, 1810) y en la dirigencia política durante todo el siglo XIX. Con esta premisa de la Ilustración, la élite dirigente acuerda, en su gran mayoría, que la educación común debe ser obligatoria, las constituciones provinciales y las leyes de educación común (legislan las escuelas primarias) lo manifiestan expresamente (Campobassi, 1956; Lionetti, 2006; Rodríguez, 2018)3. González invoca este tópico de la élite dirigente para concluir que ante la falta de escuelas resulta preferible la educación de los jesuitas.

Se impone una tercera conclusión: existe para González una instancia peor a la amenaza de la educación jesuita, la ausencia de toda educación.

Algunas acotaciones necesarias.

Por una cuestión de exposición y claridad tracé los tres esquemas interpretativos, el primero tajantemente negativo, los jesuitas son enemigos del gobierno y de la nación; y los otros dos, se elogia, por el contrario, su contribución a los gobiernos y a la nación.

Los tres esquemas interpretativos se registran con un lenguaje directo y simple para los lectores; pero es el primero el que tiene más extensión en sus distintos espacios discursivos; se aloja en la actualidad, los jesuitas son una amenaza nacional para sus lectores que viven en el país y en el presente (década de 1880), mientras los otros dos esquemas habitan el pasado lejano y ajeno (sucede en otros siglos, en otras naciones o en la etapa de la Conquista cuando alude a los jesuitas cronistas), y ocupan solo algunas líneas en discursos.

Ahora bien: ¿por qué enuncia los tres esquemas y prevalece el primer esquema negativo y amenazante en sus argumentos y dedica escaso espacio a los otros dos, sobre todo él último?

González forma parte de la dirigencia política que gobierna en el ámbito nacional (presidencia del tucumano Julio Argentino Roca, 1880-1886, y presidencia del cordobés Juárez Celman, 1886-1890); tanto Roca como Celman han decidido despojar a la Iglesia católica de distintos espacios de poder: se dictan leyes que establecen el registro civil; tanto el registro de los matrimonios como de los cementerios, se convierten en dominios del Gobierno y ya no de la Iglesia (Auza 1981; 1987; 2001; Di Stefano y Zanatta, 2000). Se da una gran batalla en la enseñanza primaria: si la ley de educación común de la provincia de Buenos Aires, dictada en 1875, establecía la enseñanza obligatoria, gratuita y la enseñanza religiosa, en el Congreso Pedagógico de 1882 se produce una gran batalla en la cual se impone en el debate la enseñanza neutra o laica contra la enseñanza religiosa (Recalde, 1987). Este debate se extiende en 1883 y 1884 en el Congreso de la nación cuando se dicta la ley de educación común nacional denominada 1420 (para Capital Federal y Territorios Nacionales). Con dicha ley se impone la neutralidad (en Capital Federal y Territorios Nacionales, puesto que cada provincia dicta su propia ley de educación), hecho que significa rechazar la enseñanza religiosa como obligatoria y gratuita (Auza, 1981; Recalde, 2016). En este contexto de lucha feroz, el Gobierno nacional expulsa al nuncio apostólico de Argentina, y expulsa de sus puestos en espacios educativos a docentes católicos de gran protagonismo en la escena pública, entre ellos a José Manuel Estrada. Gestos y medidas concretas de un Gobierno nacional que ha tomado partido de manera decisiva y clara (Auza, 1981; 1987; Miranda, 2005; 2015). Las intervenciones de los defensores de la enseñanza religiosa en esta década son atacados, perseguidos, y plantean que los liberales laicos alteraron el orden; vale decir, le achacan precisamente lo que González les asigna a los jesuitas. En este cuadro de situación debemos leer la conferencia de González (1883), su tesis doctoral (1885) y su difusión en formato libro (1886) y en la revista de educación común laica (1886), donde expone de manera nítida y contundente que la educación jesuita representa el gran enemigo y amenaza al Gobierno y a la nación.

El Gobierno nacional no logra imponerse en todas sus decisiones y medidas políticas. La disputa no reconoce vencedores, porque en la década del ochenta se registra que en algunas leyes de educación común (Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Salta) impera la enseñanza religiosa, y en otras provincias como en Córdoba la lucha es muy fuerte entre laicos y católicos; de hecho, sigue imperando la enseñanza religiosa y recién la ley se dicta en 1896 con la victoria de los católicos (Campobassi, 1956; Recalde, 2016; Rodríguez, 2018; Roitenburd, 2001; Yépez, 2015). En las provincias recién mencionadas, con enseñanza católica obligatoria, se forma un ciudadano con la moral católica y se enuncia de manera clara que el catolicismo forma parte esencial de la tradición nacional, y solo se puede formar a la población escolar mediante la enseñanza católica porque se identifican la nación y las instituciones republicanas con el catolicismo. En estas provincias se impone en las escuelas por mandato legal un discurso diametralmente diferente al de González. Esto da cuenta, de forma concreta, contra qué y quiénes discute y pelea González, y el porqué de su tono tan incisivo y virulento contra la educación jesuita, respaldado por los ejecutivos nacionales de Roca y de Celman4.

Una cuarta conclusión se impone: González interviene en la escena pública combatiendo la enseñanza religiosa, y ante todo jesuita, en el momento de profunda grieta violenta de la élite dirigente, y se ubica del lado del Gobierno nacional de impronta laica en plena lucha contra la Iglesia.

Ahora bien: todo da un giro en la década siguiente.

Los años noventa

La crisis económica de 1885 fue muy fuerte, a la que se suma la crisis de 1890, aún más contundente, que hizo temblar a todas las clases sociales (Gerchunoff et al., 2008). Las dos crisis, como se sabe, derivan en una crisis económica, social, política y del sistema de instrucción pública (Herrero, 2017; 2022; Zimmarmann, 1994).

Durante los primeros años de la década del ochenta los gobiernos provinciales y el nacional poseen, por primera vez en la historia, recursos económicos para trazar políticas, con el fin de dar respuestas a problemas sanitarios, de infraestructuras y educacionales, y al producirse este fenómeno inédito, ingresan, porque son convocados por estas autoridades, médicos, ingenieros y educadores a los espacios de gestión donde se discuten y se definen medidas gubernamentales; esta situación se modifica en la última década del siglo XIX y comienzos del siglo XX (Herrero, 2022; Zimmarmann, 1994).

En los años ochenta se dictan leyes de educación común en las provincias (con la excepción de Córdoba que lo hace en los noventa); se crean escuelas y se contratan docentes y personal para dichos establecimientos. González interviene con su posición de crítica feroz a los jesuitas y a su enseñanza la califica de antinacional y un peligro para la nación en una etapa en la cual reina el optimismo en la élite dirigente. Sin embargo, cambia su postura una vez que se modifica drásticamente este cuadro de situación.

A fin de siglo en Argentina y en otros países, la Iglesia logra posicionarse en espacios elevados de poder y reconocimiento público.

La historiadora Lilia Bertoni ofrece varios datos relevantes en el caso argentino.

A las crisis económicas, sociales y políticas de fin de siglo, se suma un problema que trastorna a la élite dirigente de fin de siglo XIX: el inminente conflicto armado con el país trasandino. Ante este drama, el presidente Roca, en su segundo mandato, 1898-1904, se ve obligado a buscar aliados, y uno de ellos será el Vaticano. Bertoni sostiene que el Gobierno del presidente Roca "tuvo acercamiento con el Gobierno italiano y con los armadores genoveses para la construcción de buques, y con el Vaticano, que mediaría en el conflicto con Chile" (Bertoni, 2000, p. 57). De hecho, esto significa nuevas medidas de gobiernos opuestas a las de 1880. El presidente Roca, en los primeros momentos de su gestión en 1898 anuncia que "el cardenal Rampolla, secretario de Estado del Vaticano, y el cardenal Mocenni habían iniciado las tratati-vas para solucionar el conflicto con Chile, y que le habían indicado al ministro de Relaciones Exteriores, Uriburu, la conveniencia de que el Gobierno argentino pidiese el restablecimiento del nuncio apostólico" (Bertoni, 2000, p. 57).

En este contexto, se registra, a fin del siglo XIX, una presencia importante de la Iglesia en el espacio público y en los espacios de poder. Bertoni sostiene que en el campo católico se puso en marcha un conjunto de iniciativas: la Unión Universitaria, promovida por el padre Grote, que realizó manifestaciones patrióticas y políticas; además, los círculos proyectaron reunirse en una liga nacional, y, si bien no se fundó un partido, desde 1898 se consolidó un polo político en el Congreso nacional, liderado por el diputado nacional, el obispo Gregorio Romero (Bertoni, 2006, p. 56). En este mismo movimiento de cambio, el Gobierno de Roca modifica su política educativa del ochenta, para dar señales concretas a la Iglesia católica5. Bertoni (2006) escribe:

en 1897, un decreto presidencial incluyó las escuelas normales en el régimen ministerial de los establecimientos incorporados, y posibilitó que las congregaciones religiosas formaran maestros primarios, lo que hasta ese momento había sido una función exclusiva de las escuelas normales del Estado. En todo el país creció el número de colegios católicos de enseñanza secundaria. (p. 56)

Guillermo Furlong, en su Historia del Colegio del Salvador, señala que en 1903 el mismísimo presidente Roca dona recursos para que se realice un concurso en la Academia del Plata, sede que funda y conducen los jesuitas del Colegio del Salvador. Queda en evidencia, tal como indica el diputado liberal y masón Emilio Gouchon, que los jesuitas tienen conexiones con las altas esferas del Gobierno nacional y gobiernos de provincias y de la Iglesia, porque no son solo donaciones que se asocian a recursos económicos, sino a algo aún más importante: el gesto que dan estos poderes de la importancia del Colegio del Salvador, de su Academia, y de la enseñanza de los jesuitas. Furlong afirma:

en 1903 la Academia celebró sus Bodas de Plata con singular magnificencia. Con la necesaria anticipación organizó un Concurso Hispanoamericano de doce temas con otros tantos premios, donados estos por el Sr. presidente de la República, general Roca, por el Sr. arzobispo, por el Sr. ministro de Instrucción Pública, por el Sr. ministro de Guerra, por el Sr. gobernador de Córdoba y por otras personas o entidades de prestigio. (Furlong, 1944, p. 555)

Si en los años ochenta se expande la educación común por lo menos hasta 1885, y, al mismo tiempo, el Gobierno argentino rompe con el Vaticano y expulsa al nuncio apostólico y a docentes católicos de sus cátedras, en la década siguiente ocurre todo lo contrario, y González será parte de este cambio. El riojano a fin del siglo desempeña el cargo de vocal del Consejo Nacional de Educación, ocupa una banca de diputado de la nación y, a partir de 1901, se lo designa ministro del Gobierno de Roca en varias carteras, primero de Relaciones Exteriores y luego la Instrucción Pública. González forma parte del Gobierno de Roca, también en su segundo mandato, y acuerda, obviamente, con su nueva política en relación con la Iglesia y a los jesuitas. Como ministro de Relaciones Exteriores, González, con la participación de la Iglesia, logra el acuerdo tan ansiado con la República de Chile, y firma el denominado Pacto de Mayo en 1902; y como vocal del CNE6, propone, ante la crisis económica y la imposibilidad del Gobierno nacional de cumplir con el mandato de la obligatoriedad escolar, alienta la multiplicación de escuelas confesionales (González, 1900, pp. 93-137;Roldán, 1993, pp. 9-24).

Para dar una idea de esta nueva situación en la cual la Iglesia católica accede a lugares de poder en el campo educativo, se pueden leer las quejas de un liberal laico: Emilio Gouchon7. Todo sucede en el debate sobre la reforma de la enseñanza, en septiembre de 1900; mientras González no se presenta al recinto, otro legislador, Gouchon, interviene con una posición antijesuita. Vale la pena escuchar al diputado Gouchon para registrar su tajante y feroz oposición a la nueva política educacional que sostiene el Gobierno de Roca y su ministro de Instrucción Pública, Osvaldo Magnasco.

Emilio Gouchon en el debate de la reforma de la enseñanza

En septiembre de 1900 se discute en el Congreso nacional el proyecto del ministro de Instrucción Pública, Osvaldo Magnasco (Herrero, 2014; Muzzopappa, 2015): la reforma de la enseñanza. Trata de imponer una educación que forme para el trabajo, y para ello plantea reducir la mayoría de los colegios nacionales para reemplazarlos por sedes con esta orientación. Para Gouchon, se trata, por el contrario, de abrir las puertas para el avance de los colegios confesionales, más particularmente de los jesuitas, en Santa Fe el Colegio Inmaculada y en Buenos Aires el Colegio del Salvador, para dar dos ejemplos concretos de sede jesuitas que forman a la clase dirigente. Gouchon desplaza el eje de la discusión: los colegios nacionales (los cuales se quiere eliminaren su mayoría) y las escuelas normales (de hecho, el Gobierno ha cerrado varias a fin del siglo XIX) son necesarias, en su argumento, porque proporcionan una enseñanza liberal, laica y nacionalizan a hijos de argentinos y extranjeros.

Alarmado, Gouchon afirma: "¡No es posible permitir el derrumbamiento de nuestras instituciones! ¡No es posible que abandonemos la enseñanza de la juventud, y que las abandonemos para dejarla en poder de los jesuitas! No es posible, porque está de por medio la suerte del país, porque la educación jesuita da los resultados que ya conocemos" (C. D. 27 de septiembre de 1900, p. 1356). Considera que es un error y un peligro cerrar la mayoría de los colegios nacionales, pero más en las "provincias pobres" donde impera el catolicismo y donde no hay claros sentimientos de nacionalidad (C. D. 27 de septiembre de 1900, pp. 1359-1360).

Propone, por el contrario, si el presupuesto lo permite, aumentar su número, y llega a decir que sería conveniente crear un colegio nacional en Chubut (C. D. 27 de septiembre de 1900, p. 1363).

Si Magnasco justifica su proyecto con argumentos de Alberdi, el diputado Gouchon señala que lo lee mal, y le indica qué quiso decir el tucumano en sus Bases. Gouchon afirma:

Bien, señor presidente, es necesario cuidar de la enseñanza de nuestra juventud, ya que el señor ministro decía en sesiones anteriores que debemos seguir la inspiración de Alberdi; yo digo también, adoptemos el lema de Alberdi en esta materia. Alberdi decía: ¡que el clero se eduque a sí mismo, pero no se le encargue de formar nuestros abogados, nuestros marinos, y nuestros guerreros! Esos debemos formarlos nosotros. Eso debe formarse bajo la vigilancia severa del Estado respondiendo a fines puramente liberales que esa es la única manera de realizar el progreso de esta nación. (C. D. 27 de septiembre de 1900, p. 1363)

Sus palabras siempre conducen al mismo tema, el peligro del avance de las congregaciones religiosas. Para Gouchon, lo dominante en la enseñanza liberal es la lucha del laicismo contra el avance de las congregaciones religiosas. En cambio, para Magnasco, en plena sintonía con Alberdi, lo dominante de la enseñanza liberal es formar sujetos independientes que se sostengan con su trabajo, emancipados de su familia y del Estado. Ante la tensión planteada entre defender el laicismo o la formación para el trabajo, uno y otro optan de manera diferente.

Gouchon sostiene que

en 1899 el ministro de Instrucción Pública Osvaldo Magnasco dictó un decreto para fijar la edad de ingreso a los colegios nacionales a los 14 años, y es un hecho que existe un gran porcentaje de ellos que tienen menos edad y no pudieron ingresar una vez concluidos estudios del nivel primerio. Los colegios confesionales gestionaron no estar incluidos en ese decreto, y los padres liberales se vieron obligados a matricular a sus hijos en colegios religiosos. Lo que Gouchon pone en evidencia es que se trata de una política de gobierno de permitir el avance de los colegios confesionales en desmedro de los colegios nacionales. Pero esta política a su vez se sostiene en otro decreto en el cual se estipula un número acotado de comisiones en los colegios nacionales, hecho que obliga a los padres liberales que no consiguen banco para sus hijos matricularlos en colegios confesionales. (C. D. 27 de septiembre de 1900, p. 1355)

Gouchon en su alocución comenta lo que le comentan los padres:

Y entonces, señor presidente, ¿en qué situación se encuentra el elemento liberal de la república? Entregado, subordinado completamente a la educación religiosa, como se lo he oído manifestar a un padre de familia. —Yo soy liberal, me decía, yo sé que la educación jesuítica es mala, pero si quiero que mi hijo termine pronto sus estudios, no tengo más remedio que mandarlo a ese colegio de frailes. (C. D. 27 de septiembre de 1900, p. 1355)

Para Gouchon la ecuación resulta sencilla y desalentadora: la política del gobierno antiliberal y projesuita, y por otro, el poder de los jesuitas con los dirigentes que gobiernan. Por cuestión de presupuesto, por asunto de economía se suprimen cátedras, y eso implica expulsar docentes liberales y laicos.

Explica Gouchon: "Es claro que, por razones de economía, el señor ministro obtuvo del Congreso que se le permitiera suprimir algunas cátedras" (C. D. 27 de septiembre de 1900, p. 1365). Esta medida, afirma el diputado, trae como consecuencia que se desprestigie a los colegios nacionales y beneficie a los colegios jesuitas8.

Resulta muy claro que cuando González habla con su tercer esquema interpretativo (prefiere la educación confesional y jesuita a que no exista educación), en la práctica, esto supone, afirma el diputado Gouchon, el retroceso y la decadencia de la educación laica. El legislador afirma:

¿Qué ha sucedido, señor presidente? Que todos los profesores de 14, 15 o 18 años de servicio en la casa central del colegio nacional fueron separados de sus puestos [...] El personal competente, preparado, fue reemplazado más tarde por otro de menor preparación [...] Es sabido, señor presidente, con qué habilidad proceden los jesuitas, cuántos medios tienen ellos para llegar a las alturas del poder y arrancarles disposiciones que parecen inocentes en sí, pero que en el fondo responden a sus planes de dominación. ¡Ellos lo habían dicho, no es un misterio para nadie: es preciso desalcortarizar el colegio nacional, y desalcortarizar el colegio nacional ¿saben lo que quiere decir? ¿Enjesuitarizarlo! (C. D. 27 de septiembre de 1900, p. 1365)

El objetivo, sostiene Gouchon, consiste en destruir los colegios nacionales, reemplazar a los docentes formados por otros noveles con poca preparación; y de hecho los destruye como institución educativa en beneficio de los colegios de los jesuitas.

De esta manera, cuando González dice, como vocal del CNE, que resulta mejor que se multipliquen colegios confesionales a que no exista educación, lo afirma en este contexto, donde los jesuitas, a los ojos de un dirigente como Gouchon, están gestionando en distintos espacios de poder político la destrucción de los colegios nacionales del Estado, y el mismo ministro, Osvaldo Magnasco, invocando las crisis económicas y los problemas de presupuesto, crea las condiciones para que esto sea un hecho.

Reflexiones finales

Más que conclusiones se me imponen indicar, para finalizar, algunas reflexiones finales. Traigo aquí solo algunos tópicos puntuales de este artículo, con el fin de pensar mi investigación que se encuentra en los primeros tramos.

En la década de 1880 González interviene en Córdoba, estudia en el Colegio Monserrat, luego es docente de la Escuela Normal, realiza su doctorado en la Universidad, participa activamente en cenáculos políticos; posteriormente interviene en La Rioja, con su título de doctor, y resulta elegido diputado nacional, designado para redactar la Constitución, y más tarde accede al cargo de gobernador de la provincia; mientras todo esto sucede, también interviene en Capital Federal, en el Congreso de la nación cumpliendo sus mandatos de diputado nacional, en la prensa periódica, en la revista de sociedades de educación, y en cenáculos literarios. Primera conclusión: González interviene en espacios diferentes y siempre forma parte de la élite dirigente; en espacios de decisión y definición de política en provincias y en nación, en una provincia como Córdoba donde surge el presidente de la República (Juárez Celman, 1886-1890). González interviene en provincias (Córdoba, La Rioja) y al mismo tiempo en el espacio nacional (Capital Federal). Gracias a esas provincias, en Córdoba forma parte del grupo que apoya al presidente Roca, y su sucesor el cordobés Juárez Celman; y en La Rioja conforma la élite que lo lleva a cargos en el Congreso de la nación y al Ejecutivo provincial. Se trata de un político provinciano que tiene poder para definir políticas de gobierno en provincias (Córdoba y La Rioja) y en nación; vale decir, su palabra tiene un enorme peso y relevancia cuando toma a los jesuitas como tema, y cuando los ubica en el lugar de los enemigos de los gobiernos y de la nación, o les reconoce que han aportado a la tradición nacional con sus cronistas.

González habla, en varias de estas intervenciones, como un científico; su palabra no representa una simple opinión, sino la constatación de sus tesis en estudios y verificaciones.

Si González señala como un problema fundamental a los levantamientos armados, de hecho, no explora la historia densa que recorre desde la Revolución de la Independencia hasta la década del ochenta. Solo indica que existieron efectivamente dos revoluciones (1810 y 1852) que fundamentan en la Constitución nacional los principios y valores de las instituciones de la república. Nunca expone la larga serie de levantamientos armados, únicamente menciona que en 1885 cuando escribe y presenta la tesis se han producido levantamientos armados, con el fin de justificar que se trata de un problema de su presente (sin mencionar la participación de jesuitas).

Resulta relevante tener presente que efectivamente existieron hechos de violencia, levantamientos armados denominados revoluciones que tuvieron a jesuitas como protagonistas, y fueron el centro de la discusión pública de la dirigencia política; González nunca los invoca, y al no invocarlos no los analiza en concreto. Ni invoca, por ejemplo, la revolución o el levantamiento armado, de notoria repercusión pública, que se produce en Santa Fe contra el gobernador Nicasio Oroño. Revolución armada que fue conducida, en gran medida, por los jesuitas, cuyo resultado fue que los gobernadores que suceden a Oroño mantienen una excelente relación con la Iglesia católica y las sedes educativas jesuitas. Se registra que efectivamente tienen acceso a espacios de poder en los cuales se definen las políticas.

¿Por qué traigo aquí un caso concreto? Para entender mejor la estrategia argumental de González. Habla en su tesis como científico (construye su lugar de enunciación invocando que habla desde la ciencia política y la ciencia del derecho de modo expreso); sin embargo, sus afirmaciones, en la mayor parte de sus argumentos, son enunciados y no verificaciones, ni siquiera invoca este acontecimiento que vendría a legitimar sus tesis antijesuitas.

En este mismo sentido, por el contrario, tampoco invoca ni explica científicamente los hechos de violencia y levantamientos armados de mil quinientos manifestantes, levantando banderas liberales, laicas y de la masonería, que incendiaron el Colegio del Salvador en Buenos Aires en febrero de 1875.

Contra las sedes jesuitas, por ejemplo, el caso público que produjo largas discusiones en el Congreso de la nación, de la toma del Colegio del Salvador, las agresiones a docentes y estudiantes, y el incendio del edificio.

Uno de sus protagonistas, el director de la publicación periódica El Correo Español, en 1874 fue parte fundamental del levantamiento armado contra la asunción del candidato elegido para presidente de la nación, Nicolás Avellaneda, y fue igualmente protagonista, meses más tarde, del incendio del Colegio del Salvador; vale decir, se trata de protagonistas, laicos, liberales y masones, que no solo se levantan en armas contra la sede educativa jesuita, sino también contra las autoridades constituidas en gobierno.

Tampoco estos hechos de notable repercusión pública fueron invocados por González. Habla como científico, pero no analiza casos puntuales ni señala que los levantamientos armados provienen del lado católico y jesuita, y del lado laico, liberal y de masonería.

Algo parecido se registra cuando hacemos un marco mayor sobre los estudios públicos y de protagonistas centrales de la élite dirigente que González ni siquiera invoca para justificar sus propios argumentos. Regueros de tintas corren por la prensa; folletos, discusiones parlamentarias dando cuenta, desde posiciones opuestas, de los dos casos citados: los levantamientos armados en Santa Fe y el incendio del Colegio del Salvador. Existen, además, en campo científico y cultural, libros que aluden expresamente a los jesuitas. González expone y usa algunos, pero faltan varios libros sumamente relevantes. Otra vez lo mismo: no se trata de enjuiciar a González si leyó, si invocó todos los estudios que tienen repercusión pública, sino hacer ver que existen obras de enorme repercusión, de protagonistas de la élite, que González, por alguna razón, no lleva a la estrategia argumental.

Observaciones y afirmaciones similares a las que leemos en las diversas intervenciones de González se pueden leer en los libros: José Manuel Estrada, en 1865, edita Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII. Seguido de un apéndice sobre la decadencia de Paraguay y la Guerra de 1865. En 1868 edita Lecciones sobre historia de la República Argentina. Luis Domínguez edita, en 1870, Historia argentina, y Lucio Vicente López edita, en 1878, Lecciones de historia argentina.

El caso particular que me gustaría separar es el de José Manuel Estrada. Protagonista notorio de la dirigencia política que ocupa cargos relevantes de gestión en distintas carteras, entre ellas la educativa. Habla siempre desde posiciones católicas y en defensa de una Argentina identificada con el catolicismo, su historia nacional y los valores pregonados desde el Vaticano. En los dos libros mencionados de la década del sesenta, Estrada escribe como católico y como liberal; y si bien hace elogios de los jesuitas al dar batalla en el siglo XVIII a los protestantes, realiza una feroz crítica, desde valores y principios liberales, a su concepción social y a su concepción económica que destruye, a sus ojos, los derechos de los individuos, en términos de libertades civiles o del principio de propiedad privada. Concepción que torna imposible, afirma Estrada, una sociedad y economía liberal. Sus posiciones cambian en el debate de la década del ochenta, porque asocia todas las medidas laicas del Gobierno de Roca y de Celman como un ataque que destruye los espacios que siempre fueron dirigidos por la Iglesia católica. Y da un duro combate contra los debates del congreso pedagógico de 1882, y la discusión y el dictado de la ley denominada 1420, en 1883 y 1884. Estrada da este debate en la publicación católica La Unión, y desde sedes jesuitas como la Academia del Plata. González tiene a Estrada del otro lado, en su combate contra los jesuitas en los años que interviene en Córdoba, La Rioja y Capital Federal; y podía recordarle a Estrada sus críticas feroces desde posiciones liberales realizadas en dos libros, en 1865 y 1868, pero no lo hace. Tampoco invoca la violencia con que es tratado el profesor Estrada, expulsado de sus cátedras en los años ochenta en el Colegio Nacional y en la Universidad. Hecho de enorme repercusión pública en esa década.

No se trata de juzgar a González porque no habla de este cuadro que trazo con las intervenciones escritas y los acontecimientos que le suceden a Estrada, sino que hago un cuadro más grande para que los lectores pueden entender qué dice y qué no el científico González. Como todo discurso, siempre se construye una realidad y esta se construye de manera selectiva porque nunca se puede decir todo, pero el lector debe saber qué selecciona y qué no de acontecimientos y prácticas de enorme repercusión pública en el momento que escribe.

Si amplié la unidad de tiempo una década más fue porque se produce un cambio de contexto. Los gobiernos nacionales necesitan del apoyo de la Iglesia católica y del Vaticano, retoman las relaciones formales, y dan espacio de poder a los católicos. El conflicto con Chile, que todo hacía suponer que la guerra era inminente, tenía al Vaticano como una pieza clave porque se ofrece como árbitro en el conflicto; las crisis económicas que tornan insostenibles el sistema de instrucción primaria llevan a que abran espacio a la multiplicación de escuelas y colegios confesionales, entre ellos obviamente a los jesuitas. González apoya estas medidas desde su posición de vocal en el CNE y a partir de su gestión como ministro de Relaciones Exteriores. Esto evidencia que el tercer esquema gonzaleano parece imponerse, aunque nunca de manera absoluta. González sigue pregonando la educación primaria laica, obligatoria y gratuita en medio de la pesada crisis. En 1903 convoca al educador, escritor, poeta y declaradamente anticatólico Leopoldo Lugones para que se traslade a las misiones, con el fin de realizar un estudio histórico sobre los jesuitas. Lugones viaja, estudia, ve en primera persona las ruinas, lleva un fotógrafo para obtener imágenes y escribe un libro ferozmente negativo sobre la orden de la Compañía de Jesús.


Notas

1 Se pueden ofrecer varios ejemplos, pero solo daré dos. En primer lugar, en Santa Fe el gobernador Nicasio Oroño impulsa y dicta en su gestión la ley de matrimonio civil, con el objetivo de responder a los inmigrantes no católicos de diferentes naciones europeas que producían la riqueza santafesina en las colonias agrícolas. Desde la Iglesia se excomulga al gobernador y a los legisladores y se lleva a cabo toda una rebelión que derroca a Oroño. Los jesuitas son una pieza fundamental porque sus sedes escolares formaban a la élite, los nuevos gobernadores (que suceden a Oroño) adhieren a los principios de la Iglesia y en particular a los jesuitas en las décadas del setenta y ochenta. Por otra parte, en Buenos Aires (febrero de 1875), liberales y masones en una manifestación pública incendian el Colegio del Salvador dirigido por los jesuitas. Estos dos ejemplos indican que los levantamientos armados se producen del lado laico y del católico; y tiene a los jesuitas y sus sedes de educación como protagonistas (Furlong, 1944, pp. 67-107; Furlong, 1962; Mauro, 2014, pp. 539-560).

2 Algo parecido se ve en Historia de la historiografía de Carbia, que dedica un apartado denominado "Crónicas jesuíticas"; se trata de un elogio compartido con otros.

3 Una primera acotación relevante: las leyes de educación se dictan en los años setenta, ochenta y noventa; y en todas ellas se plantea la obligatoriedad en el nivel de la educación común (Campobassi, 1956; Roitenburd, 2001). Esto no significa que dicho mandato legal se pudo materializar, puesto que gran parte de la población escolar no accede a la escuela en las dos últimas décadas del siglo en las provincias, en Capital Federal y en los Territorios Nacionales (Herrero, 2022). Si bien es un tópico muy fuerte del pensamiento Ilustrado, se registran voces disidentes. Segunda acotación. Un miembro reconocido de la élite dirigente desde las filas católicas, Félix Frías, en plena Revolución de 1848, francés, y luego de la Comuna de París en 1871, sostiene, con gran alarma, que los bárbaros y salvajes alfabetizados destruyen Francia y París. Precisamente, Frías atacando el tópico generalizado de la Ilustración sostiene que eran individuos que sabían leer y escribir los que provocaron esos desmanes; y señala que el problema fue la mala educación que no sigue la moral cristiana lo que conduce a este desastre (Frías, 1884). Se pueden ofrecer otros ejemplos en este sentido, pero solo indico el de Frías para hacer ver que existen opiniones contrarias a la premisa de saber leer y escribir; poseer educación, resulta, en sí misma, la respuesta para que se respeten las leyes y las autoridades constituidas en gobierno.

4 Hay que tener en cuenta que Urquiza permite el retorno definitivo de los jesuitas. Estos se instalan en Santa Fe y Córdoba. Cómo no los va a criticar González si los jesuitas desde los años cincuenta hasta la década del ochenta eran los que formaban a la élite en los estudios del derecho: "En 1857 volvieron a Bs. As. y el presidente de la Confederación, Gral. Justo José de Urquiza, solicitó del papa que fueran algunos jesuitas a Santa Fe y Córdoba, para continuar la labor educativa interrumpida en 1767. Efectivamente, en 1862 tornaron a ocupar el viejo Colegio de la Inmaculada en la ciudad de Santa Fe, y con la égida de los padres jesuitas, funcionaron desde 1869 hasta 1885 las primeras cátedras de derecho que existieron en el litoral".

5 Bertoni afirma: "Las autoridades católicas se oponen a que el gobierno dé subsidio a escuelas confesionales no católicos, y apelan a que no son nacionales sino extranjeras, que solo el catolicismo compone la tradición nacional y en un pueblo católico solo la enseñanza católica puede formar a los argentinos" (2006, p. 60).

6 Sobre el Consejo Nacional de Educación véase de Laura S. Guic su tesis doctoral devenida en libro (Guic, 2023).

7 Emilio Gouchon: diputado nacional, de Entre Ríos, por la Unión Cívica Nacional en el periodo 1896-1900 y desde 1900 hasta 1902.

8 María Gabriela Pauli estudió muy bien las representaciones de la élite santafesina, y el peso que tiene la Iglesia católica y el Colegio de la Inmaculada en la formación de la élite, y sus decisiones de gobierno (Pauli, 2016).

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