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Resumen
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla: así comienza el Artículo 3 de la Constitución española de 1978 (aún hoy vigente) y de aquí parte nuestra reflexión sobre la estrecha frontera que existe entre el deber y el derecho de conocer y utilizar tanto el castellano como las demás lenguas españolas que el citado artículo define también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Se empezará, por lo tanto, por la comparación entre el Art. 4 y el Art. 3 de las Constituciones españolas de 1931 y de 1978. Es decir, de los dos primeros ordenamientos que otorgaron oficialidad jurídica a la lengua castellana. Oficialidad y cooficialidad: dos conceptos que, a lo largo de los años, se han encontrado con la discrepancia que a veces se ha creado entre el “deber” conocer y usar una lengua cooficial y el “derecho” de ser ciudadano oficial, o sea, entre la obligación de tutelar una indiscutida identidad lingüística y la libertad de poder declarar una indiscutible identidad nacional.
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